The legal framework of public civil archives in Spain - Bordas Prószynski, Miquel (Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 2023)
Los orígenes de la legislación moderna reguladora de los archivos públicos civiles en España proceden del siglo XIX, si bien algunos de los archivos históricos actuales españoles, como el Archivo de la Corona de Aragón, hunden sus raíces en la Edad Media. Por su parte, en la segunda mitad del siglo XIX la necesidad de preservar los fondos procedentes de la Inquisición, así como de los conventos y casas religiosas que sufrieron la desamortización originó la formación del Archivo Histórico Nacional. Dicha legislación se ha visto profundamente modificada a partir de 1978 para reflejar también el nuevo modelo político territorial español instituido por la vigente Constitución española, estableciéndose progresivamente un complejo sistema competencial en materia de archivos públicos en España, según que la titularidad de estos recaiga en el Estado (Sistema Estatal de Archivos) o en las Comunidades Autónomas españolas u otras administraciones públicas territoriales (Sistema de Archivos Autonómico) y que ha sido delimitado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español. Desde el punto de vista del Estado español, la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español constituye el acto normativo fundamental para la regulación de los archivos de titularidad pública estatal, actualmente dependientes del Ministerio de Cultura y Deporte y, en concreto, de la Subdirección General de los Archivos Estatales. Dichos archivos están al cargo del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. En cambio, a nivel autonómico, cada Comunidad Autónoma ha aprobado su legislación particular sobre los archivos de su titularidad o competencia. En este sentido, como botón de muestra y por su representatividad, se refieren las legislaciones de las Comunidades Autónomas de Andalucía (la actual Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía) y de Cataluña (la actual Ley 10/2001, de 13 de julio, de archivos y gestión de documentos).